Académicos, miembros de organizaciones sociales, humanitarias, empresariales de ambos lados de la frontera, pertenecientes a Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, así como otras personas de ambos países, recibimos con optimismo y esperanza, la decisión tomada por el Gobierno de Colombia para regularizar a través del EPT a todos los migrantes venezolanos forzados y asentados en el territorio nacional, en términos de documentación y otras medidas.
Los avances que el Estado colombiano ha logrado en atención a la migración forzada desde Venezuela, además de responder a la obligación legal de brindar protección a quienes así lo requieren, redundarán positivamente en bienestar de esa población, que ha tenido dificultad en el acceso a determinados derechos, bienes y servicios para consolidar sus proyectos de vida e integrarse. La implementación integral y eficaz del EPT es también, una oportunidad de desarrollo económico, social y cultural para Colombia si logra integrar a todos los migrantes venezolanos, así como un positivo estímulo para desplegar esfuerzos de superación de la pobreza y la desigualdad
que han aumentado con la pandemia.
Animamos a las autoridades competentes en la materia, para que durante la reglamentación e implementación del EPT tengan en cuenta los aprendizajes dejados por el desarrollo de medidas temporales como los Permisos Especiales de Permanencia y otros instrumentos migratorios.También para que tomen en consideración los análisis que desde la sociedad civil se han realizado sobre el contexto en el que medidas como el Estatuto deben desarrollarse, así como las recomendaciones que nos permitimos realizar a continuación:
– Informar y explicar a la población venezolana y colombiana, especialmente en la frontera y en las regiones con mayor recepción de ese éxodo, sobre las medidas tomadas con el Estatuto, y evitar que se use para aumentar la xenofobia contra migrantes y refugiados.
– Brindar atención integral a todas las modalidades del éxodo forzado desde Venezuela: comunidades indígenas compartidas, migración pendular, colombianos que retornan con familia binacional, migrantes en tránsito, y a quienes se quedan en Colombia.
– Recoger en el registro al EPT la experiencia educativa y laboral, facilitar la convalidación de títulos, propiciar políticas de incorporación a la vida económica y social; y en el contexto de la pandemia garantizar vacunas, medidas de bioseguridad, programas de ayuda alimentaria, a las y los migrantes establecidos en Colombia.
– Reabrir inmediatamente los pasos fronterizos formales para que la población pueda registrarse y no se vea obligada a ir por trochas, ríos y caminos informales donde es extorsionada y sometida por grupos irregulares armados, que además dejan explosivos en la frontera.
– Prestar especial atención, asistencia técnica y apoyo internacional, a las comunidades y autoridades locales en la frontera con Venezuela, donde se asienta o transcurre buena parte de la migración forzada en sus diversas modalidades.
Sólo así esta nueva apuesta estatal podrá superar los retos que implica una política de Estado de esa envergadura, de forma que el Estatuto, al ser incluyente, marque una mayor progresividad en el acceso a derechos de los migrantes en todo el territorio colombiano.
Haremos un seguimiento de estas medidas y de las iniciativas que promueva la diplomacia ciudadana en favor de procesos de protección e integración en Colombia, de las personas en situación de migración forzada.
Colombia y Venezuela, 19 de febrero de 2021. Suscriben:
– Mauricio García SJ, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia.
– Eduardo Soto SJ, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela.
– María del Carmen Muñoz Sáenz, Cinep/PPP, Colombia.
– Alfredo Infante SJ, coordinador de DDHH del Centro Gumilla, Venezuela.
– Oscar Calderón Barragán, director del Servicio Jesuita a Refugiados, LAC, Bogotá.
– Francine Jácome, Investigadora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.
– Hugo Ramírez, Semillero de Migraciones y Fronteras, Colombia.
– Ana Marleny Bustamante, investigadora Centro de Estudios de Frontera e Integración (CEFI),
Universidad de los Andes, Táchira.
– Yanet Caicedo, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Cúcuta.
– Marina Sierra, profesora Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia.
– Claudia Vargas Ribas, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, Caracas.
– Víctor Álvarez R, economista, Premio Nacional de Ciencias, Venezuela.
– Germán Umaña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
– Feliciano Reyna Ganteaume, defensor de Derechos Humanos, Caracas.
– Consuelo Corredor, investigadora Cinep, profesora Universidad Nacional de Colombia.
– Margarita López Maya, profesora titular (jubilada) de la Universidad Central de Venezuela.
– Socorro Ramírez, profesora titular (jubilada) de la Universidad Nacional de Colombia.
– Leonardo Manrique, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Táchira.
– Daniel García Peña, Planeta Paz y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
– Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela.
– Laura Gil, internacionalista, Bogotá.
– Mayra Medina, Universidad Pedagógica Experimetal, UPEL, Venezuela.
– Kristina Birke Daniels, directora de la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia, Fescol.
– Saruy Tolosa, coodinador de proyectos de Fescol.
– Leandro Buzón, perseguido político, Caracas Mi Convive.
– Carlos Mejia, Oxfam Colombia.
– Valeria Abreu, Guasdualito, Apure.
– León Valencia, director Fundación Paz y Reconciliación, Colombia
– Yorman Danilo Galviz, Rubio, Táchira.
– Carlos Krisch, miembro de la red Reporteros Ciudadanos Entre Parceros y Panas, Arauca.
– Enrique Ochoa Antich, exdiputado y activista por los Derechos Humanos, Venezuela.
– Martha Lucia Marquez, directora del Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Bogotá.
– Jorge Forero Coronel, profesor e investigador, San Cristóbal.
– Pilar Gaitán Pavía, La Paz Querida, Bogotá.
– Nory Soto, Centro Gumilla, Zulia.
– María Teresa Garcés, La Paz Querida, Bogotá.
– Maryclen Stelling, socióloga, Venezuela.
– Magali Alba Niño, profesora Universidad Simon Bolívar, Cúcuta.
– Martha Ardila, Universidad Externado de Colombia.
– Alejandro Gutiérrez, profesor titular Universidad de Los Andes, Venezuela.
– Marco Romero, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Universidad Nacional
de Colombia.
– Lecgisia Torres de Krisch, coordinadora Apure del Proyecto Feminizando la Defensa de los
Derechos Humanos, Uniandes AC.
– Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado y perspectivas de superación, Bogotá.
– Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados en Colombia.
– Pedro Santana Rodríguez, director de la Revista Sur, Bogotá.
– Luis Emil Sanabria Durán, presidente nacional colegiado Redepaz, Colombia.
– Sonia Eljach, exconsejera presidencial para los Derechos Humanos de Colombia.
– Roberto Gonzáles Arana, historiador, Barranquilla.
– Patricia Lara, columnista de El Espectador.
– Hans Blumenthal, fundación Evolución Caribe, Cartagena.
– Héctor Galeano David, Corporación Cultura y Desarrollo, Barranquilla.
– Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, Bogotá.
– Gonzalo Sánchez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.
– Álvaro Jiménez Millán, director de la Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal.
– Claudia Mosquera Rosero-Labbe, profesora Universidad Nacional, sede de La Paz, Cesar.
– Carmen Peña Visbal, directora de Ciudad Paz, Bogotá.
– Daniel Morón, fundación Trabajando Juntos, La Paz, Cesar.
– Mauricio Trujillo Uribe, colaborador de Le Monde Diplomatique, Bogotá.
– Carlos Mario Perea Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia y director del Centro de Pensamiento Región/Nación.
– Jaime Zuluaga, director de la Revista Foro y profesor Universidad Externado de Colombia.
– Rosa Elena Acevedo, asociación civil Uniandes, Táchira, Mérida, Zulia, Apure, Amazonas.
– Francisco A. Ortega, profesor Universidad Nacional de Colombia, director Centro de Pensamiento, Pluralizar la Paz.
– Tulia Moreno, Asociación Altercoop, Cartagena.
– Francisco Alfaro Pareja, investigador externo, Universidad Simón Bolívar, Venezuela.
– Juan Gabriel Gómez, profesor del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia.
– Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y
Sociales, CRIES.
– Arlene B. Tickner, Universidad del Rosario, Bogotá.
– Bettina Latuff, Rodeemos el Diálogo.
– Reinaldo Manrique, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, capítulo Táchira.
– Andelfo García, abogado, consultor en asuntos internacionales, Colombia.
– Francisco Javier Sánchez, CEFI, Universidad de los Andes, Venezuela.
– Angela María Robledo, representante a la Cámara, Curul de la Paz, Congreso de Colombia.
– Iván Cepeda, senador de la República, Congreso de Colombia.
– Antonio Sanguino, senador del Partido Alianza Verde, miembro de la Comisión Segunda del Senado y de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
